Cámaras falsas y cámaras ocultas en la comunidad: lo que dice la ley

Hay una comunidad que tiene un problema de pintadas en el portal. Un vecino propone dos soluciones baratas. La primera, colocar una cámara de mentira: «con que lo crean, basta». La segunda, esconder una cámara pequeña dentro de un detector de humos para pillar al culpable. La junta, cansada, está a punto de votar ambas.

Las dos ideas tienen problemas, de naturaleza distinta. Una cámara oculta incumple la normativa de protección de datos, porque graba sin informar. Una cámara falsa no trata datos, y por eso no entra en el RGPD, pero no está libre de consecuencias.

Cámaras ocultas: la que graba sin avisar

Una cámara real que graba imágenes de personas identificables trata datos personales. El RGPD exige que ese tratamiento sea transparente: quien es grabado tiene derecho a saberlo. Por eso la videovigilancia en una comunidad requiere un dispositivo informativo visible en la zona (art. 22 LOPDGDD). Una cámara oculta, por definición, elimina esa posibilidad.

Esto no quiere decir que haya que anunciar cada milímetro: una cámara pequeña y discreta puede ser legal si hay cartel, acuerdo y finalidad. Lo ilegal es que nadie pueda saber que existe. Ocultarla para sorprender a alguien es justo lo contrario de lo que pide la norma.

El caso de los trabajadores

Si la comunidad tiene empleados propios, como un portero o un conserje, la situación se agrava. La LOPDGDD (art. 89) permite al empleador usar cámaras para controlar a los trabajadores, pero exige informarles de forma previa, expresa, clara y concisa, a ellos y a sus representantes. Y prohíbe colocarlas en lugares de descanso o esparcimiento, como vestuarios, aseos o comedores. Una cámara escondida para vigilar al personal queda muy lejos de ese esquema.

La tentación del «pillar al culpable»

Es comprensible: hay un vecino que daña el ascensor y nadie sabe quién es. Pero la solución no es esconder una cámara, sino hacerlo bien. Cámara visible, con cartel, con acuerdo de junta y con las imágenes a disposición de la policía si hay denuncia. Eso disuade y, si hace falta, prueba. Una grabación obtenida a escondidas puede dar problemas a la comunidad en vez de resolverlos.

Cámaras falsas: el aparato que no graba

Una cámara simulada no capta imágenes, así que no trata datos personales y el RGPD no se aplica. La Agencia Española de Protección de Datos, en consecuencia, no suele ser el cauce. Pero eso no la convierte en inofensiva:

• Vecinos que se sienten observados. Una cámara que parece real y apunta a una puerta o a una ventana puede generar una queja de convivencia, y el afectado puede acudir a la vía civil, por ejemplo por intromisión en su intimidad.
• Elementos comunes. Colgarla de la fachada o del portal es alterar un elemento común. Corresponde a la junta decidir, no al presidente ni a un vecino por su cuenta.
• Sensación falsa de seguridad. Los vecinos creen que hay vigilancia y relajan precauciones. Si ocurre algo, la comunidad tiene que explicar por qué existía un aparato que no funcionaba.
• Dificultad para demostrarlo. Si alguien reclama y la comunidad dice que era de mentira, puede tener que acreditarlo. No siempre es fácil.

Si además la cámara falsa lleva un cartel de zona videovigilada, el cartel informa de un tratamiento que no existe. Resulta engañoso, y de poco sirve si el vecino nota enseguida que no hay cableado ni luz.

Qué hacer en su lugar

La disuasión se consigue mejor con una instalación real, bien hecha y documentada, que con un aparato de plástico. Los pasos están resumidos en Cámaras en la comunidad: todo lo que hay que hacer antes de instalar la primera. Y si lo que preocupa es el coste, empiece por una sola cámara, en el punto crítico, con todo en regla. Con el cartel correcto, el de zona videovigilada, la señal disuasoria es la misma.

El caso intermedio: la cámara real mal señalizada

Entre la cámara oculta y la falsa está la más común de todas: una cámara real, instalada de buena fe, a la que nadie puso cartel o cuyo cartel lleva años ilegible. No es una cámara oculta en sentido estricto, pero sus efectos son parecidos para quien pasa por delante, que no sabe que lo graban. La solución es sencilla y barata: colocar el cartel, preparar la hoja informativa y dejarlo todo anotado en el expediente de la comunidad.

Si descubre una cámara oculta en su comunidad

Puede ocurrir que un administrador o un presidente encuentre un dispositivo que nadie recuerda haber aprobado. Antes de retirarlo, conviene:

1. Fotografiarlo y anotar dónde estaba y cuándo se encontró.
2. Averiguar quién lo instaló: la comunidad, un vecino, una empresa.
3. Si lo puso la comunidad sin acuerdo ni cartel, regularizar la instalación o retirarla, y llevar el asunto a la junta.
4. Si lo puso un particular, requerirle por escrito que lo retire y valorar, con asesoramiento, los pasos siguientes.
5. No visionar las imágenes por curiosidad. Si hay datos de personas, quien los tiene es responsable de ellos.

Trate el hallazgo como un incidente: sin dramatismo, pero con orden y por escrito. Un aparato desconocido que graba puede afectar a derechos de los vecinos, y la comunidad debe poder demostrar que reaccionó.

En resumen

• Una cámara oculta incumple el deber de informar y no tiene encaje legal en una comunidad.
• Si hay trabajadores, el art. 89 de la LOPDGDD exige informarles previamente.
• Una cámara falsa no trata datos, pero puede causar conflictos y exige acuerdo de la junta si afecta a elementos comunes.
• Un cartel sobre una cámara falsa es engañoso.
• La opción segura es una cámara real, visible, con cartel y con documentación.

El siguiente paso

Si en alguna comunidad ya existen aparatos de este tipo, revisar su situación y regularizarla es mejor que esperar a la primera queja.